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INFORME

 

Leyes Económicas sobre

 

Minería transnacional en

 

Argentina

 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Lic. en Comunicación Social
Economía Política
2012

***

INTRODUCCIÓN

La minería metalífera a gran escala llevada a cabo por empresas transnacionales, generalmente provenientes de Norteamérica y de Europa, es realizada desde hace años en Argentina, del mismo modo que en otros países de América Latina.

Bajo promesas de progreso económico, mejoras en la calidad de vida de las poblaciones y la generación de empleo y renta para el Estado, las empresas consiguen el aval de los funcionarios de los pueblos en donde pretenden instalarse. Sin embargo, es de público conocimiento que los emprendimientos mineros a gran escala que se han puesto en marcha en el país no han cumplido con las promesas hechas, y por el contrario, perjudicaron a muchos pueblos cercanos a las zonas de explotación, además de no generar ganancias significativas para el país.

Este trabajo tratará el aspecto económico de la minería transnacional a gran escala que está asentada en Argentina, principalmente para desmentir el discurso social-político que afirma que este tipo de actividades económicas son beneficiosas para el desarrollo económico del país.

Se hará hincapié en el impacto que generan las empresas mineras en la economía del Estado Argentino, y sobre las leyes y políticas económicas que permiten, alientan y benefician este tipo de explotación, amparándose en el progreso que genera.

El siguiente informe analizará la información disponible sobre los emprendimientos que explotaron o explotan la minería metalífera en territorio Argentino.

MINERÍA METALÍFERA

La minería metalífera a gran escala, por lo general practicada a cielo abierto, es mucho más peligrosa que la minería tradicional, entre otras cosas por la cantidad de bienes comunes que destruye y el pasivo ambiental que deposita en las regiones donde trabaja. Este tipo de minería no puede realizarse de manera tradicional dado que el mineral buscado se encuentra en el subsuelo, diseminado en grandes hectáreas, en partículas diminutas entre las rocas montañosas, lo cual hace difícil su extracción.

A través de satélites las empresas rastrean las zonas con más concentración de mineral o metal. Se producen voladuras de enormes cantidades de suelo y montañas que son convertidos en rocas y luego trituradas, para después aplicarle un compuesto de sustancias químicas mezcladas con agua dulce, que logra separar los metales del resto de la roca. La combinación de la industria minera y la industria química, al ser barata y eficaz, posibilita que la extracción de minerales signifique un buen negocio (se extrae entre el 96% y el 99% del metal) sin necesidad de invertir en mayores tecnologías.

Para este proceso se requieren millones de litros de agua dulce y la utilización de miles de hectáreas que luego de terminado el ciclo de explotación, de aproximadamente quince años, queda con daños irreversibles. Los reactivos químicos empleados son cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros compuestos tóxicos, de alto impacto en la salud humana y para el medio ambiente. Estos desechos generados por la mina no tienen tratamiento en ningún lugar del mundo, por lo que las zonas donde se explota se convierten en basureros tóxicos.

La minería metalífera que se realiza a cielo abierto, de forma subterránea o mixta (que combina ambas técnicas) es practicada en Latinoamérica porque las leyes de los países son más permisivas y además conceden grandes beneficios a las empresas transnacionales.

Dichas empresas “exigen a los gobiernos la provisión de energía subsidiada, porque cuanto más baja es la ley de los minerales, mayor es el consumo y el costo de la energía.” Al encontrarse el mineral diseminado por extensos territorios, se requieren mayor cantidad de explosivos, más agua, más cianuro y ácido sulfúrico para extraerlo, “si las mineras pagaran por todos los factores de producción realmente empleados, costaría más la extracción de los minerales que su valor en el mercado” (Rodríguez Pardo, 2009), es por eso que estos emprendimientos se llevan a cabo en países subdesarrollados que aún no han prohibido el saqueo desmedido ni impuesto riguroso control sobre la explotación de sus recursos naturales, principalmente los no renovables.

Hay aproximadamente unas treinta empresas transnacionales, en su gran mayoría de origen canadiense, que actualmente llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en Argentina. Las provincias más importantes de la industria minera argentina son San Juan, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Salta y Jujuy que cuentan con la presencia del 80% de las empresas extranjeras que operan en este sector. Meridian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Xstrata Plc, Northern Orion Resources, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources se encuentran entre las empresas principales no solo en términos de inversión y propiedad en el país sino también a nivel mundial.

FUENTE: La Nación

LEYES MINERAS

En Argentina las minas y sus minerales pertenecen a la provincia o a la Nación, según la Ley 1919 sancionada en 1886. Estas disposiciones sobre el Código de Minería fueron ratificadas con la reforma Constitucional de 1994: el artículo 124 de la Constitución de la Nación Argentina reformada en 1994 dice que “las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines”, así como también establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.” Sin embargo en la Ley 1.919, Art. 8 se establece que el Estado no puede explotar ni disponer de las minas y, por eso, les concede a los particulares la facultad de buscar minas, aprovecharlas y disponer de ellas como dueños.

En los noventa, durante el gobierno de Carlos Menem se promulgó una serie de leyes que beneficiaban la introducción de la minería a gran escala, contando con un tratamiento impositivo y financiero diferencial con beneficios exclusivos que aun permanecen y se han consolidado en los últimos años. El Acuerdo Federal Minero, firmado entre las provincias y la Nación en 1993 elimina los gravámenes y tasas municipales que afecten directamente la actividad minera, elimina el Impuesto de Sellos en todos los actos jurídicos relacionados con la prospección, exploración y explotación y beneficio de sustancias minerales. En 1993 también entró en vigencia la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, que fue modificada por las Leyes 24.296, 25.161 y 25.429, las cuales acentúan y profundizan los beneficios impositivos y financieros de la actividad (Machado et al., 2011).

Por ejemplo por treinta años las mineras gozan de Estabilidad Fiscal, es decir que no pueden ser afectados por nuevos impuestos, aumento de alícuotas, impuestos aduaneros, derogación de exenciones, eliminación de deducciones admitidas, etc. El Banco Mundial concedió a Argentina, entre 1996 y 1998, un préstamo de 69,5 millones de dólares, para hacer los estudios técnicos y legales necesarios para facilitar la extranjerización de las políticas mineras. Según los beneficios que declaran varias leyes relacionadas a la minería ente la década del noventa y el 2000, sumado al Plan Minero lanzado por el presidente Néstor Kirchner en el año 2003, las empresas mineras pueden comprar en el exterior todos los bienes que requiera su tarea e ingresarlos al país sin recargos aduaneros ni pagos de IVA, y pueden transferir libremente al exterior todas sus ganancias sin pagar nada. Están exentos de los impuestos internos, de sellos, a los cheques y a las cuentas corrientes. Durante los primeros cinco años de operación están exentos de todos los gravámenes nacionales, provinciales y municipales. Pagan el canon minero provincial y una regalía que no puede exceder el 3% del valor que ellos mismos declaran en boca de mina.

La ley 25.161 sancionada en 1999 es la que define el valor boca mina como el valor obtenido en su primera etapa de comercialización, al que además se deducen los siguientes gastos:

a) Costos de transporte, flete y seguros hasta la entrega del producto logrado, menos los correspondientes al proceso de extracción del mineral hasta la boca mina.

b) Costos de trituración, molienda, beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite la venta del producto final, a que arribe la operación minera.

c) Costos de comercialización hasta la venta del producto logrado.

d) Costos de administración hasta la entrega del producto logrado, menos los correspondientes a la extracción.

e) Costos de fundición y refinación.

(Ley 25.161, Art. 1)

Como se mencionó anteriormente estos beneficios no pueden ser disminuidos durante treinta años. Usan combustible y energía eléctrica subsidiados por el Estado Nacional (Minera Alumbrera consume tanta electricidad como las ciudades de Neuquén y Bariloche sumadas, 300.000 habitantes), que además construyó la Línea Minera, una línea especial de alta tensión, especialmente para brindarles energía. Otro de los beneficios otorgados a las empresas son las de exportación del mineral o metal extraído: si embarcan los minerales o sus refinados por puertos patagónicos (al sur del Río Colorado) el Estado Nacional devuelve a las empresas un reembolso de hasta el 13% del valor facturado por la mercancía despachada. En el caso de Pascua Lama, los inversores chilenos recibirán parecidos beneficios. Las empresas mineras también están exentas del pago de derechos a la importación y de todo otro impuesto por la introducción de bienes de capital y todo insumo relacionado con la ejecución de sus actividades (Machado et al., 2011).

En el año 2004 se sancionó el Decreto N° 753/04 que dejó sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos correspondientes a las mineras, es decir, las empresas transnacionales no solo gozan de beneficios impositivos y financieros sino que tampoco están obligadas a liquidar en nuestro país las divisas generadas por la explotación de nuestros recursos.

POLÍTICAS MINERAS EN ARGENTINA

Las políticas referidas a la minería, creadas durante el auge del modelo neoliberal, han implicado una pérdida del Estado en su capacidad de regulación y control de los territorios y sus recursos. Las privatizaciones y el ingreso masivo de inversiones extranjeras en la década del noventa provocó una extranjerización de la economía; la prioridad pasó a ser el mercado externo por sobre el mercado interno.

Según relata el periodista e investigador Rodríguez Pardo, en Argentina “las políticas oficiales no solo accedieron a las leyes del saqueo extractivo, sino que alentaron la radicación de transnacionales encubiertas en teoría inversionista.” Un ejemplo de estas políticas es el Tratado entre Argentina y Chile sobre Integración y Complementación Minera que se firmó en diciembre de 1997 en las ciudades de San Juan y Antofagasta.

El objetivo era el de “consolidar los compromisos pactados en el “Tratado de Paz y Amistad”, del 29 de noviembre de 1984, con el fin de promover e intensificar la cooperación económica” entre ambos países. Este tratado permite que los yacimientos mineros fronterizos ubicados en la cordillera sean explotados en forma conjunta para beneficio de ambos países.

El Tratado constituye un marco jurídico que regirá el negocio minero dentro de su ámbito de aplicación y tiene por objeto permitir a los inversionistas de cada una de las Partes participar en el desarrollo de la integración minera que las Partes declaran de utilidad pública e interés general de la Nación. (Art. 1) (…). Las partes realizarán acciones de coordinación de sus organismos públicos competentes, de modo de facilitar a los inversionistas de ambas Partes el desarrollo del respectivo negocio minero. (Art. 6) (Tratado entre la República Argentina y la República de Chile sobre Integración y Complementación Minera)

El tratado propone extraer los minerales críticos y estratégicos diseminados a lo largo de 5.000 kilómetros de frontera. Sin embargo un convenio energético anexo permitiría el libre acceso a los sistemas de transmisión entre ambos países con participación activa del sector privado. Además se facilitarían a la empresa privada las actividades y servicios que tengan relación con el negocio minero, incluyendo prospección, exploración, explotación, fundición, refinación y derechos de servidumbre. Esto último permite a las transnacionales sacar los minerales mediante mineroductos, vías de integración o transportes diversos hacia el océano que convenga.

La empresa Barrick Gold puso en práctica este tratado en San Juan para ejercer la explotación de los emprendimientos mineros Pascua-Lama y Veladero. El tratado es, según menciona Rodríguez Pardo, el instrumento legal firmado por los gobiernos de Carlos Saúl Menem y Eduardo Frei y digitado por la transnacional de George W. Bush. Esto significa que las transnacionales mineras están autorizadas a explotar los recursos naturales de la zona en cuestión, considerada por muchos especialistas como un tercer Estado dado que ni Argentina ni Chile tienen control real sobre lo que realiza la empresa en ese territorio. Barrick Gold utiliza grandes hectáreas de territorio, usa libremente acuíferos y ambientes glaciares, e incluso cuenta con su propio sistema de seguridad.

Como lo plantea la división del trabajo a escala global, los países más desarrollados se constituyen como centros y los subdesarrollados como periferias. En los países periféricos se realizan las primeras fases de la actividad, que incluyen desde la exploración y extracción hasta el transporte hacia los océanos desde donde partirá en barcos. A los países centro se lleva el recurso en bruto donde es trabajado en distintas fases hasta obtener un producto comercializable. Por tanto, es en los países centro donde la actividad minera invierte mayor capital y tecnologías, y por ende también genera más empleo, a costa del deterioro y saqueo de los países de Latinoamérica.

Si analizamos el impacto sobre el aparato productivo interno, la minería produce en Argentina lo que se denomina economía de enclave, esto quiere decir que la actividad económica funciona independientemente de las economías que la rodean. En el enclave económico: el nivel de empleo y los salarios son elevados, se utiliza tecnología de última generación, la mano de obra es especializada, se realiza alta inversión en capital y se generan remesas que son enviadas a países extranjeros. Mientras que en la economía que lo rodea: hay bajo nivel de empleo (desempleo) y bajos salarios, la tecnología que se usa es obsoleta, se emplea poca de mano de obra especializada y las empresas realizan un bajo nivel de inversión en capital. En estos casos, las economías de enclave no se integran con el resto de la economía por diversos motivos, y el efecto para el resto de la economía puede ser negativo, porque los enclaves adquieren mano de obra calificada y materia prima, encareciéndose estos elementos para el resto de la economía y además, porque las remesas son envidadas a los países originarios de las inversiones y esto atenta contra los beneficios para el resto de la economía, dado que existe poca actividad que se realice independiente a la mina.

Se registra un esfuerzo exportador y un retroceso relativo del sector industrial, desaparecen los sistemas más complejos del sistema productivo limitando al país a la producción primaria para el exterior. Latinoamérica llegó a ocupar el 19,3% en las exportaciones mundiales de menas y minerales en 2009, y se prevé que este porcentaje siga creciendo. “Las condiciones y modalidades de la privatización y extranjerización del aparato productivo regional y, en especial, de la explotación de recursos naturales, han incidido negativamente sobre la composición sectorial y regional de PIB, el perfil de inserción internacional y la capacidad de desarrollo de las economías nacionales” (Machado et al., 2011).

El sector minero metalífero está orientado al mercado externo y son escasas las articulaciones que estas empresas realizan con productos nacionales, lo que se manifiesta en la baja incidencia en el PIB, en la escasa generación de empleo y el bajo desarrollo en tecnología. Por ejemplo, en el año 2006, Argentina produjo en minería metalífera un 92,9% destinado a al exportación, solo un 2% participó de la composición del PIB y la contribución de la minería sobre el total de ingresos fiscales fue de 0,43%. Y en cuanto al empleo en la gran minería, por cada un millón doscientos mil dólares invertido, se genera un empleo directo (Hernandez, 2005), esto se da porque la introducción de tecnologías desplazan la mano de obra, y si genera poco empleo, menor será la participación del salario de los trabajadores en el valor agregado total que produjeron con su trabajo. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2011) menciona que en el 2010 hubo un promedio de 19.412 trabajadores registrados en explotación de minerales no energéticos, 7.127 en minerales metalíferos y 12.285 en otras minas.

CONCLUSIÓN

En este informe de la cátedra de Economía Política, se propuso detallar el aspecto económico de la minería a gran escala en Argentina, precisamente desde las leyes relacionadas a dicha actividad económica.

Después de haber analizado dichas leyes promulgadas por el Estado, y haber revisado documentos de profesionales que recopilan y analizan la actividad de empresas mineras en el país, puede concluirse que la minería a gran escala es una industria global que genera mucha ganancia y beneficios a un mercado mundial, que demanda gran cantidad de producto mineral y metalífero.

Sin embargo, las leyes y políticas de los Estados que poseen dicha materia prima, entre ellos Argentina, están promulgadas desde una visión de país periférico dentro de la estructura de mercado global, y esto significa que los mayores beneficios y ganancias sean para los países más desarrollados. En países como Argentina, las políticas pro-mineras alientan la extranjerización de la economía, prácticamente regalando los recursos naturales no renovables a empresas transnacionales, a un precio muy bajo y con un costo enorme si se tiene en cuenta el pasivo ambiental y el desempleo, ambos generados al término de la explotación; la escasa inversión que realiza la empresa en el país tanto de capitales como en tecnología, los bajos impuestos que las mineras deben pagar al Estado por llevarse el recurso en bruto que pertenece a la nación, y además el impacto sobre el aparato productivo interno al producirse economías de enclave: poco desarrollo de la industria argentina, nula generación de otros tipos de economías, escasa mano de obra utilizada en comparación a la envergadura de los emprendimientos, y enormes beneficios en deducciones que les otorgan las leyes a las empresas.

Por lo tanto, puede decirse que la información disponible ha desmentido el discurso político-social que afirma que este tipo de actividades económicas son beneficiosas para el desarrollo y progreso del país, dado que las zonas donde se han llevado a cabo grandes proyectos mineros no han demostrado grandes progresos económicos, sino por el contrario, ha generado muy poca ganancia e incidencia en la economía local.

Por todo lo expuesto en este trabajo, y por demás datos, hechos y argumentos esgrimidos en documentos citados, se concluye que no se justifica la cantidad de beneficios que se conceden a empresas transnacionales para saquear los recursos argentinos, perdiendo el Estado su capacidad de ente regulador y de control de su territorio, logrando el deterioro de economías locales, generando graves pasivos ambientales y pocos empleos permanentes durante un lapso de solo (aproximadamente) veinte años. Bajo las condiciones políticas y jurídicas que impone el Estado y las empresas, la actividad minera a gran escala realizada en Argentina por empresas transnacionales no es viable para el desarrollo de la economía y progreso del país.

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BIBLIOGRAFÍA

COSITORTO ALEJANDRO. Historia y educación para la democracia. Constitución de la Nación Argentina. Ed. Oriente. 1996

HERNANDEZ, SERGIO. Sistemas legales de apoyo a la pequeña y mediana minería. 2005

MACHADO, SVAMPA, VIALE, GIRAUD, WAGNER et al. 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Ed. El Colectivo. 2011.

PARDO, JAVIER RODRIQUEZ. Vienen por el oro, Vienen por todo. Ed. Ciccus. 2009.

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INTERNET

DESPIERTOS DEL SUR http://despiertosdelsur.blogspot.com.ar/2009/08/que-dice-la-ley-minera-argentina.html

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. TRATADOS, Ley Nº 25.243. Tratado entre la República Argentina y la República de Chile sobre Integración y Complementación Minera http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cmineria/ley_25_243.htm

SECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN ARGENTINA. http://www.mineria.gov.ar/marcolegal.htm

SOLIVÉREZ, CARLOS. La minería: excelente negocio ¿para quién?. Río Negro Online. http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/12/15/1260842516127.php

ZONA ECONÓMICA. Economías de enclave. http://www.zonaeconomica.com/economia-enclave

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Gisel Hernandez

Economía Política 2012

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

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VIENEN POR EL ORO, VIENEN POR TODO

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